SAGRILAFT – Solo entre 2017 y 2022, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor de más de 6,2 billones de pesos.
Un análisis elaborado por el equipo de expertos de AML Protektor revela que en los últimos cinco años la Superintendencia Financiera de Colombia ha impuesto 62 sanciones a sus empresas vigiladas.
¿La razón? Diversas fallas e incumplimientos en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
Son dos las principales deficiencias encontradas por la Superfinanciera. La primera es la falta de designación y posesión de oficiales de cumplimiento en las entidades financieras.
En segundo lugar, hay inconsistencias en la segmentación y perfilación de clientes para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos.
Como resultado de estas multas, las entidades financieras afectadas debieron pagar cerca de 5900 millones de pesos durante el periodo 2017-2022.
A modo de contexto, la Superintendencia Financiera supervisa alrededor de 418 entidades financieras en el país, entre las que se encuentran bancos, aseguradoras, sociedades de corretaje, sociedades fiduciarias y compañías de financiamiento, entre otras.
Las multas también afectan a las empresas no financieras por no utilizar SAGRILAFT
La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo no es una obligación exclusiva de las entidades financieras.
De hecho, según los cálculos de AML Protektor, en Colombia hay cerca de 8.000 empresas no financieras vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que deben implementar Sistemas de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT).
El análisis de AML Protektor encontró que entre 2020 y lo que va de 2022 la Superintendencia de Sociedades ha emitido 30 sanciones por un valor cercano a los 300.000.000 de pesos.
La principal falla identificada en las visitas de inspección, realizadas por delegados de la Supersociedades, fue que las empresas no contaban con los controles antilavado establecidos por la SAGRILAFT
Según los expertos de AML Protektor, «el alto número de sanciones demuestra que las autoridades están tomando muy en serio la lucha contra el lavado de activos en el sector privado».
Multas para la PTEE
Los controles de la Superintendencia de Compañías también han dado lugar a sanciones relacionadas con la lucha contra la corrupción.
En el mismo periodo (2020-2022) la Superintendencia de Sociedades impuso otras seis sanciones a empresas que no adoptaron debidamente el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE).
El PTEE es un sistema obligatorio para las empresas que operan en Colombia y tienen contratos con el Estado o realizan negocios internacionales.
AML Protektor afirma que «este conjunto de sanciones debe servir para que todas las organizaciones -financieras y no financieras- identifiquen áreas de mejora que les ayuden a fortalecer sus mecanismos de control para cerrar la puerta a los grupos criminales que buscan infiltrarse en ellas».