El carrusel inmobiliario es una tipología definida por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en la que se describe un escenario de lavado de dinero y que participan tres actores principales:
Comprador: Quien adquiere el bien inmueble con fondos ilícitos.
Vendedor: El lavador de activos, que busca aparentar legalidad en los fondos ilícitos a través de la venta del inmueble.
Representante de la inmobiliaria: Ayuda a orquestar y facilitar la operación fraudulenta.
Los actores trabajan juntos para realizar una serie de transacciones de compra y venta del mismo inmueble en diferentes ocasiones, con el propósito de dar la apariencia de legalidad a los fondos ilícitos. Para lograrlo, incluyen cláusulas pecuniarias en la promesa de compraventa que resultarán en sanciones económicas en caso de incumplimiento.
En cada ocasión, la operación de compra y venta se anula, lo que permite que el mismo inmueble sea utilizado repetidamente para llevar a cabo la transacción fraudulenta en diferentes notarías. Este proceso se repite varias veces para generar sanciones económicas cada vez mayores.
Tanto comprador como vendedor tienen objetivos, el primero busca recaudar sanciones económicas significativas a través de las cláusulas pecuniarias en la promesa de compraventa. Estos fondos «legales» luego pueden ser invertidos en actividades lícitas en el sistema financiero, disfrazando así su origen ilícito. Por otra parte el segundo, tiene la oportunidad de participar en múltiples transacciones fraudulentas, beneficiándose de las sanciones económicas.
Este esquema tiene como objetivo principal legitimar fondos ilícitos a través de la realización de transacciones inmobiliarias falsas y repetidas, aprovechando la estructura legal de las transacciones y las cláusulas pecuniarias. Cabe destacar que el lavado de dinero es un delito grave en la mayoría de las jurisdicciones y puede tener consecuencias legales severas para todas las partes involucradas.
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