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Recomendación GAFI 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad

AML Blog GAFI 21

Autor: Juan Pablo Madrid García

La vigésima primera recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), establece dos principios fundamentales que deben tener en cuenta las instituciones, sus directores, funcionarios y empleados relacionados con actividades de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

 

El propósito principal de la recomendación nro. 21 es proteger y eximir de responsabilidades administrativas o penales, el actuar de los empleados y funcionarios de las organizaciones involucradas en sus relaciones con la autoridad, así como la información contenida en los reportes que realizan las entidades respectivamente; dicha recomendación busca proteger legalmente a los empleados y funcionarios obligados por violación de alguna restricción sobre la revelación de información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con respecto a las operaciones que son consideradas como sospechosas, y por otra parte prohibir la revelación de información por parte de dichos empleados o funcionarios.

 

A continuación, se detalla de forma más específica los principios establecidos por el GAFI que aplican para las instituciones, sus directores, funcionarios y empleados:

  • Estar protegidos por la ley frente a la responsabilidad penal y civil por violación de alguna restricción sobre la revelación de información impuesta mediante contratos o mediante alguna disposición legislativa, normativa o administrativa, si éstos reportan sus sospechas de buena fe a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aclarando que no tienen que conocer precisamente la actividad criminal implicada y si esta ocurre o no; y
  • Prohibido por la ley revelar la entrega de reportes de información sospechosa a la UIF o información relacionada con estos.

 

La recomendación nro. 21 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece entonces de forma clara dos principios que permiten a las instituciones financieras actuar bajo parámetros establecidos por la ley y evitar fugas de información relevante relacionadas con el financiamiento al terrorismo.

 

Fuentes:

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