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¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y cuál es su función?

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), The Financial Action Task Force (FATF), por sus siglas en inglés, es un ente intergubernamental establecido en 1989 por los Ministerios y sus jurisdicciones Miembro; el mandato del GAFI es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir: 

 

  1. el lavado de activos (LA), 
  1. el financiamiento del terrorismo (FT), 
  1. el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) y 
  1. otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.  

 

En colaboración con otras partes involucradas a nivel internacional, el GAFI también trata de identificar vulnerabilidades a nivel nacional para proteger el sistema financiero internacional de usos indebidos. 

 

Es entonces el GAFI quien emite las recomendaciones o lineamientos a través de un esquema de medidas completas y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.  

 

Los países tienen diferentes marcos legales, administrativos y operacionales, además, diferentes sistemas financieros, por lo cual, los países no deben tomar medidas idénticas contra estas amenazas, por lo tanto, las Recomendaciones del GAFI, fijan un estándar internacional que los países deberían implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares.  

 

Las Recomendaciones del GAFI establecen medidas esenciales que deben ser implementadas por los países, con el fin de: 

 

  • identificar los riesgos, y desarrollar políticas y coordinación internas; 
  • luchar contra el lavado de activos; financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; 
  • aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores designados; 
  • establecer poderes y responsabilidades (por ejemplo. autoridades investigativas, de orden público y de supervisión) y otras medidas institucionales; 
  • mejorar la transparencia y la disponibilidad de la información de sobre el beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas; y 
  • facilitar la cooperación internacional.